El Ejecutivo se compromete a prorrogar el límite del 2% en la actualización anual de las rentas de los contratos de alquiler a todo 2023, en vigor desde abril de este año, además de otras medidas sociales y de transferencia de competencias.
Por lo tanto, todo hace indicar que esta medida recogida en el Real Decreto Ley 11/2022, de 25 de junio, de medidas económicas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania, se ampliará directamente un año más, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Un punto clave para el mercado residencial en alquiler es la revisión anual de los contratos de arrendamiento firmados con esa cláusula de actualización, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que tengan al Índice de Precios al Consumo (IPC) como índice de referencia. Para ellos, se mantendrá el tope de un 2% en la actualización de rentas.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene hasta el próximo 31 de diciembre para renovar esta Real Decreto, que lleva siendo ‘efectivo’ para los alquileres desde el pasado mes de abril, prácticamente la totalidad del parque de viviendas en alquiler en España se vería afectado por este bloqueo.
Están exentos ahora mismo los nuevos contratos de arrendamiento durante su primera anualidad, los alquileres de renta antigua, aquellos contratos que no incluyan la cláusula de renovación anual del mismo, y si tienen como referencia algún otro tipo de índice diferente al IPC. Por lo tanto, casi el 100% de los propietarios tendrá que asumir la diferencia entre este límite y la actual tasa de inflación, que en octubre cerró al 7,3%, y que alcanzó su pico en julio pasado, cuando alcanzó el 10,8%.
El límite del 2% impuesto por el Gobierno en la renovación anual de los contratos de alquiler ya ha supuesto una pérdida para los propietarios de unos 1.400 millones de euros. Esto es lo que ya han dejado de ingresar los arrendadores, tanto grandes como pequeños tenedores, a los que les ha tocado la renovación de su vivienda en alquiler desde el pasado mes de abril, desde que se aplica este control del alquiler.
El Gobierno vuelve a dejar sobre los hombros de los propietarios la subida de la inflación y no les ofrece ninguna compensación a cambio, como ya sucede en Portugal por ejemplo.
No modificar nada sustancial en esta medida tendrá como consecuencia un agravamiento del problema de falta de oferta que sufre el mercado español, que no solo ha provocado subidas de precio de doble dígito en los grandes mercados, sino que genera una enorme ansiedad entre las familias que necesitan acceder a una vivienda.
Una medida que resultará beneficiosa para todas las familias que ya viven de alquiler, pero tendrá consecuencias nefasta para aquellas otras que lo buscan o buscarán en los próximos meses.
El límite del 2% se planteó como una medida temporal y excepcional. Con esta prórroga por un año se ven dañados de nuevo los derechos de los propietarios, lo que propiciará reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de los mismos.
Los propietarios son sensibles a los problemas de sus inquilinos. Antes de las limitaciones, la mayoría de ellos habían negociado ya acuerdos beneficiosos para sus inquilinos de actualización de rentas, por otro lado, pone sobre la mesa que los propietarios también sufren los rigores de la inflación y ven aumentar sus facturas por el incremento de precios. El 75% de ellos son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión. La prórroga de esta limitación sitúa al mercado en una situación crítica, que desincentiva la inversión en alquiler, y que desviará la oferta al sector de la venta, agravando el problema del acceso a la vivienda, más aún en un contexto de endurecimiento de los tipos hipotecarios, lo que perjudica a los colectivos sociales más vulnerables.
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