La okupación ilegal de los inmuebles se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios.
Más allá del perjuicio económico que supone el hecho de no poder disponer de una propiedad, uno de los grandes problemas está relacionado con el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia que permita el desalojo de los inquilinos ilegales. Un plazo que poco a poco se está ampliando.
Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo que deben esperar los propietarios de media en España se situó en 2021 en 18,1 meses. Dicho de otro modo: actualmente los fallos judiciales en firme para desalojar a los okupas de las viviendas tardan algo más de año y medio.
El problema de la usurpación ilegal afecta a unos 100.000 inmuebles en todo el territorio y que cada día se producen cerca de 40 nuevas okupaciones de viviendas, según cálculos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. El Ministerio de Interior, afrirma por su parte, un crecimiento interanual del 20%.
Además de aumentar los casos de okupaciones, también se está incrementando el plazo de respuesta de la justicia. En 2020, sin ir más lejos, el promedio total para conseguir una sentencia en firme estaba en 16,7 meses, mientras que en 2019 se situaba en 13,1 meses. En 2018, último año al que se remonta la serie histórica entre ambas instancias, el plazo estaba por debajo del año (11,7 meses).
España debería seguir los pasos de otros países del entorno para que el procedimiento judicial pueda seguir con los okupas fuera de las casas.“El problema es que aquí se hace con los okupas dentro, por eso el proceso se alarga, los plazos se amplían y se presentan infinidad de recursos, lo que está desbordando a la Administración de Justicia”.
Es fundamental reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Penal, con el fin de que los procedimientos de desahucio se lleven a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sin esperar la autorización judicial. Por otro lado, considera necesario reformar el Código Penal para que el delito más usual, que es el de usurpación de vivienda, no tenga una simple multa económica, sino que conlleve penas de prisión menor.
La okupación ya está considerada como delito flagrante, lo que pasa es que no se ha aclarado el plazo. De lo que se trata es de que la policía pille a unos okupas en el momento de la usurpación y que no les haya dado tiempo a tomar posesión del inmueble, que no se hayan empadronado en la casa y que no estén pagando los suministros ni la comunidad.
El Partido Popular pretende impedir a los okupas que se empadronen y puedan optar así a los beneficios asignados por las Administraciones Públicas, ya que el okupa "no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de la autoridad o sus agentes". Reformar el Código Penal para castigar a las personas que con violencia o intimidación okupen un inmueble con penas de uno a tres años de prisión y plantea cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación. Otra de las modificaciones propuestas afecta a la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de que las comunidades de propietarios tengan las herramientas necesarias para iniciar el proceso de denuncia de la okupación.
A comienzos de julio, la Comunidad de Madrid planteó algo parecido: que el okupa sea desahuciado de manera inmediata si no muestra ningún título o documento que acredite que el propietario le ha permitido residir ahí en un plazo de 48 horas. Ahora son los propietarios los que tienen que demostrar que no han permitido al okupa hacer uso de su vivienda, lo que suele resultar complicado, ya que lo habitual es que las escrituras estén guardadas en los domicilios y, por tanto, no puedan acceder a ellas.
Es de vital importancia encontrar "una solución efectiva y a largo plazo", de lo contrario, aseguran, "se seguirá creando una confusión tanto para el consumidor como para el inversor que es muy perjudicial para nuestro mercado inmobiliario y nuestra economía y que vulnera claramente uno de los derechos que cimentan nuestro Estado de Bienestar, como es el de la propiedad privada".
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